UCO inicia nueva operación en pieza separada del caso Koldo
Central Operativa ha desatado una nueva
La Unidad Central Operativa ha desatado una nueva ofensiva judicial dentro de la investigación del caso Koldo, centrada en presuntos amaños de adjudicaciones de obra pública. El juez Ismael Moreno ha autorizado el pasado martes la apertura de una pieza separada tras recibir un informe del área de Delincuencia Económica de la UCO. El operativo se ha saldado con registros en la sede de ADIF Alta Velocidad en Madrid, así como en el domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia y en la ciudad de Córdoba. En este último lugar fue detenido Cristian Abel Corvillo, empresario vinculado como posible testaferro del comisionista Víctor de Aldama. Corvillo, quien fue chófer del presidente del Gobierno en 2017, apareció por primera vez en las pesquisas en febrero de 2024 al detectarse sus conexiones con Aldama y el entorno de Ábalos.
Otro foco de la operación
Las investigaciones señalan que habría facilitado la adquisición de un chalé en La Alcaidesa valorado en más de medio millón de euros, presuntamente destinado al exministro. Además, se sospecha su participación en la compra de una vivienda en La Moraleja y en operaciones relacionadas con sociedades del hermano Rubén, vinculado a empresas del comisionista. Otro foco de la operación se centra en Servinabar, empresa del empresario Antxón Alonso. Los informes policiales indican que el 87,04 por ciento de sus ingresos procedían de Acciona o proyectos vinculados.
Se ha cuantificado en al menos 323.178,41 euros los beneficios habidos entre 2015 y 2024 para Santos Cerdán y familiares. El juez ha ordenado nuevas diligencias en el domicilio de Cerdán y la empresa ha entregado facturas y correos electrónicos relacionados con contratos de una unión temporal adjudicataria de una variante de Logroño. El procedimiento examina el supuesto favorecimiento de constructoras como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción, y Obras Públicas y Regadíos mediante adjudicaciones de contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas. Las pesquisas alcanzan también a antiguos asesores y dirigentes socialistas, manteniendo la investigación su actividad en las últimas semanas.
El operativo se saldó también con la incautación de 38 evidencias digitales en la vivienda valenciana del exministro, entre teléfonos móviles, discos duros y una tarjeta SIM, además de cinco libretas con documentación en papel. Los investigadores sospechaban que Corvillo había actuado como testaferro de Aldama en la compra de una vivienda en La Moraleja, Alcobendas, y que su hermano Rubén mantenía conexiones con sociedades del comisionista utilizadas para recibir fondos vinculados a adjudicaciones de mascarillas. En septiembre, el juez Pedraz practicó declaraciones como testigo a Cristian y Rubén Corvillo en la investigación sobre un fraude de hidrocarburos relacionado con Aldama. Además, el procedimiento examina el supuesto favorecimiento de constructoras como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos mediante adjudicaciones de contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas, afectando a antiguos asesores y dirigentes socialistas en las últimas semanas.
El operativo se saldó con la detención de Cristian Abel Corvillo en Córdoba, quien fue identificado como posible testaferro del comisionista Víctor de Aldama. Los investigadores sospechaban que facilitó la adquisición de un chalé en La Alcaidesa, Cádiz, valorado en más de medio millón de euros, presuntamente destinado al exministro José Luis Ábalos. Además, se indaga su participación en la compra de una vivienda en La Moraleja, Alcobendas, y en operaciones vinculadas a sociedades del hermano Rubén, relacionado con empresas del comisionista utilizadas para recibir fondos de adjudicaciones de mascarillas. Las conversaciones intervenidas revelaron que Aldama remitió el anuncio del inmueble el 24 de enero de 2021 y Corvillo le dio su visto bueno. Los agentes también localizaron mensajes sobre una reunión concertada con el entonces ministro de Transportes el 8 de enero de ese año. Más recientemente, ambos comparecieron como testigos ante el juez Santiago Pedraz en la investigación sobre un fraude de hidrocarburos vinculado a Aldama, donde se mantuvo la negativa a responder preguntas en el Senado y se profundizó en el origen de los ingresos del exdirigente socialista.