Nuevas Reglas Para Centros De Datos Y Su Consumo Energético
Regulación De La Expansión De Centros De Datos
El Gobierno prepara un proyecto de real decreto para ordenar el crecimiento de los centros de datos en España, un sector impulsado por la inteligencia artificial, la computación en la nube y el almacenamiento de datos. Esta medida busca evitar que la capacidad de la red eléctrica sea reservada por proyectos que no llegan a materializarse, priorizando aquellas iniciativas con mayor solidez financiera, viabilidad técnica y garantías de ejecución. Ante el aluvión de solicitudes de conexión, que superan las previsiones iniciales, el Ejecutivo pretende evitar la creación de una burbuja de expectativas que pueda comprometer la estabilidad del sistema energético nacional.
La normativa, elaborada por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, será sometida a audiencia pública mediante un trámite urgente. El objetivo es establecer requisitos claros de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital para garantizar que el desarrollo tecnológico no perjudique otras necesidades industriales o energéticas del país. Las estimaciones del sector sugieren que podrían movilizarse inversiones cercanas a los 70.000 millones de euros hasta el final de la década, aunque gran parte de esta cifra corresponde a proyectos anunciados y no a instalaciones ya construidas.
Exigencias De Energía Renovable Y Eficiencia
Uno de los puntos más críticos de la nueva regulación es el suministro eléctrico. Las instalaciones con una potencia superior a un megavatio deberán acreditar que, al menos, el 80% de su consumo eléctrico horario proviene de fuentes renovables. Para evitar que se utilice energía ya existente o se presenten simples certificados de garantía de origen, se introduce el criterio de adicionalidad: cada megavatio de demanda debe estar respaldado por un megavatio de nueva generación renovable instalado en los 18 meses previos al inicio de la operación.
Esta obligación podrá cumplirse mediante plantas propias o acuerdos de compraventa de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA, siempre que se demuestre que la generación puede acompasarse con la demanda. Esta medida permanecerá vigente hasta que las renovables representen más del 90% del mix eléctrico nacional, evitando así que los grandes consumidores desplacen la energía limpia destinada a otros usuarios o fuercen el uso de combustibles fósiles.
Además, se elevarán los estándares de eficiencia energética e hídrica. Los centros de datos deberán cumplir niveles exigentes de consumo de agua y electricidad, sujetos a un sistema de clasificación similar al etiquetado energético. Esto es especialmente relevante para la inteligencia artificial, que requiere sistemas de refrigeración más intensivos y una mayor densidad de potencia. La regulación establecerá criterios de resiliencia para asegurar que los servicios se mantengan ante interrupciones de suministro o fallos técnicos.
Soberanía Digital Y Acceso A La Red
La regulación no se limita al aspecto energético. Se incorporan criterios de soberanía digital para proteger la información de administraciones públicas e infraestructuras críticas. Las instalaciones deberán ser operadas por entidades establecidas en la Unión Europea y mantener los datos operativos dentro del territorio comunitario. Se busca limitar el acceso de autoridades de terceros países que no estén amparadas por la legislación europea, evitando que la estructura societaria del operador permita accesos externos a información protegida. Los promotores deberán acreditar inicialmente el cumplimiento mediante declaraciones responsables, sujetas a verificaciones posteriores.
En cuanto al acceso a la red, el Gobierno señala que existen alrededor de seis gigavatios de capacidad en la red de transporte y otros seis gigavatios en la red de distribución destinados a estas instalaciones. Para liberar espacio, los promotores deberán identificar la actividad específica de la conexión y asumir costes crecientes mientras mantengan la capacidad sin utilizar. El incumplimiento de estas condiciones, así como de las de soberanía digital, podría derivar en penalizaciones, sanciones o incluso en la pérdida del acceso a la red eléctrica.
Finalmente, la comunidad de Aragón, un núcleo estratégico por su disponibilidad de suelo y capacidad renovable, ha manifestado su intención de presentar alegaciones. El gobierno regional critica que el Ejecutivo central no haya remitido el borrador a las comunidades autónomas ni haya contado con ellas durante la preparación de la norma. Temen que los nuevos criterios generen incertidumbre en proyectos ya avanzados o pongan en riesgo inversiones previstas debido a una planificación insuficiente de las infraestructuras eléctricas.